El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación reclamó ayer al nuevo Gobierno que diseñe un plan nacional de despliegue de banda ancha ultrarrápida, coordinado y que facilite la actividad de los operadores. En un decálogo de recomendaciones, pidieron que la Administración pública lidere la estrategia y que se impulsen acuerdos con el ámbito privado.
Cuando apenas faltan seis días para las elecciones, los distintos sectores económicos continúan con sus peticiones para el Gobierno que salga de las urnas. Ayer le tocó el turno al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) que, dentro de un decálogo de recomendaciones, reclamó al nuevo ejecutivo que ponga en marcha una estrategia de ámbito nacional de banda ancha ultrarrápida. El objetivo es, según su decano, Eugenio Fontán, cumplir los objetivos de la Agenda Digital europea que pasan porque el conjunto de los hogares tengan acceso a internet a una velocidad de 30 Mbps y que el 50% de las casas tengan conexión de 100 Mbps.
En un acto presidido por el propio Fontán y por la eurodiputada del Partido Popular (PP), Pilar del Castillo, el COIT pidió al nuevo Gobierno un entorno regulador estable y predecible que proporcione la seguridad jurídica que necesitan los inversores privados para acometer las fuertes inversiones de despliegue de las redes de nueva generación. En este sentido, dejó claro que "es la iniciativa privada la que debe ser el motor principal de evolución", indicando que con un plan nacional se facilita la actividad de las operadoras.
Dentro del decálogo, el COIT pidió que sea la Administración pública quien lidere esta estrategia nacional de despliegue de la red ultrarrápida al tener una visión estratégica. En este punto, los responsables del COIT pusieron el ejemplo del despliegue de las tecnologías de TDT. Además, pidió una priorización del despliegue en la que se localicen los puntos estratégicos con mayor impacto económico y social del país para impulsar la conectividad.
Más colaboración
Los ingenieros de telecos plantearon la necesidad de que haya una mayor colaboración entre los ámbitos público y privado, además de la exigencia de que se haga un diseño integral de la red de banda ancha ultrarrápida. El COIT insistió en pedir una reducción y homogeneización de los trámites administrativos. Para los ingenieros, la triple capa administrativa que hay en España, central, autonómica y local, con responsabilidades que se solapan en muchas ocasiones, pueden "retrasar las inversiones". Además, el COIT pidió que en el despliegue de las redes se involucre a los operadores de otras infraestructuras, desde carreteras y vías férreas, tanto estatales como autonómicas, a compañías eléctricas, de gas y agua.
Finalmente pidieron un plan renove de infraestructuras comunes de telecomunicación, un impulso de los servicios vinculados a estas redes ultrarrápidas así como un papel más activo de las Administraciones públicas a la hora de convertirse en incentivadora del uso de la banda ancha.
En esta línea, Pilar del Castillo, que es portavoz de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, afirmó que el nuevo Gobierno debería tomar nota de las propuestas realizadas por el COIT, y afirmó que la Comisión Europea hará una recomendación sobre el acceso a redes de banda ancha en febrero de 2012.
Pelea por los fondos de la Comisión Europea
Una de las cuestiones que la industria quiere plantear al nuevo Gobierno es que se "pelee con fuerza" en Bruselas para ganar posiciones dentro del plan de inversiones en nuevas redes de banda ancha, que la Comisión Europea anunció el mes pasado. Las autoridades comunitarias anunciaron un plan global, que incluía una inversión en infraestructuras y servicios tecnológicos superior a 9.200 millones de euros. La intención es acercar a los países del Viejo Continente a los objetivos marcados por la Agenda Digital.
Con estos parámetros, fuentes del sector afirman que, de esos 9.200 millones de euros, a España le podrían corresponder entre el 15% y el 20% dado su peso en el conjunto de la Unión Europea (UE). Es decir, a nuestro país le tocarían unos fondos de entre 1.380 y 1.840 millones de euros para el desarrollo de las infraestructuras de internet y de los servicios digitales. "Con la actual carestía de fondos como consecuencia de la crisis financiera, el nuevo Gobierno tendrá que luchar por sacar la mayor tajada posible", afirman estas fuentes.
Ahora bien, otras fuentes no son tan optimistas y muestran sus dudas a la hora de acceder a estos fondos comunitarios, sobre todo si, la actual situación económica y financiera empeora, y España "tiene que ser rescatada". En opinión de estas fuentes, sería difícil pedir fondos europeos para redes de telecos si al mismo tiempo la UE tiene que inyectar a España una gran suma de dinero.
No obstante, estos observadores reiteran la necesidad de que Bruselas no deje de lado a países como España, si se quiere que haya un cumplimiento global de los requerimientos incluidos en la citada Agenda Digital para el año 2020.
Peso en el PIB
Influencia: en su informe, el COIT indicó que doblar la velocidad de banda ancha en una economía supone un incremento del 3% del PIB.
Internet: las actividades relacionadas con internet ya aportan 23.400 millones al PIB español de forma directa y pueden alcanzar los 63.000 millones en 2015.
Fiscalidad: el COIT recordó la fuerte carga fiscal que tiene el sector, y aseguró que si se reduce este peso, la inversión aumentaría.
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